Proposición No de Ley para la Regularización de las personas migrantes en España
Ante la negativa del Gobierno español a la carta que enviamos en abril de 2020, durante la etapa inicial del confinamiento, volvimos a demandar una regularización urgente, permanente y sin condiciones, esta vez a través de una Proposición No de Ley (PNL). Esta fue presentada en el Congreso de las y los Diputados en junio de 2020.
La #PNLRegularizacion fue íntegramente redactada por colectivas migrantes, organizaciones antirracistas y la Coordinadora Obrim Fronteres; y contó con el apoyo de 8 fuerzas políticas.
No obstante, fue rechazada por los partidos de derechas y el PSOE.
Este revés supuso el reto de desmentir los argumentos presentados por el Partido de Gobierno sobre la imposibilidad de una regularización masiva, que sí estaban realizando otros países en Europa en ese momento de contingencia sanitaria.
Al respecto enviamos una pregunta a la Comisaria de Interior de la UE, Ylva Johansson, a través de la eurodiputada Sira Rego.
Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-000028/2021 a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Sira Rego (The Left)
Asunto: Regularización de las personas extranjeras en situación administrativa irregular
Durante la pandemia de COVID‐19, las personas migrantes han realizado trabajos esenciales para la sociedad, y también ha quedado demostrada su vulnerabilidad como consecuencia de la precariedad y falta de acceso a derechos generada por la situación administrativa en la que se encuentran muchas de ellas. Por este motivo, multitud de organizaciones en defensa de los derechos humanos han solicitado la regularización de estas personas para garantizar su seguridad y acceso a servicios públicos, así como asegurar que se respeten sus derechos.
- ¿Cuál es la posición de la Comisión ante la posibilidad de que los Estados miembros impulsen procesos de regularización? ¿Existe alguna obligación vinculante para los Estados al respecto?
- Esta pandemia también ha demostrado que los centros de detención para personas migrantes, que se han cerrado en muchos Estados miembros, son innecesarios. La reapertura de estos centros opacos, donde además se incumple en muchos casos el derecho a la salud, no tiene sentido y pone en riesgo a las personas internas.¿Piensa la Comisión elaborar directrices para los Estados miembros sobre las alternativas existentes a la detención de personas migrantes?
Tras ello, la Comisaria se pronunció y corroboramos que “España puede regularizar de acuerdo a sus leyes, ya que cada Estado miembro goza de esa soberanía”. De la misma manera, y tras continuas reuniones, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe Gonzalez Morales, nos confirmaba esta disposición; mostrando así la falta de voluntad política por parte del gobierno español, supuestamente progresista, para asegurar este marco mínimo de derechos para las personas migrantes.
Nuestro reto fue entonces movilizarnos en las calles y buscar nuevas alianzas, con organizaciones y partidos interesados, para incidir en el posicionamiento de las carteras ministeriales, influir en sus pactos y lograr una reforma de la Ley de Extranjería, en medio del escandaloso contexto de deportaciones ilegales de la infancia y la juventud migrante en Ceuta.
