PROPUESTA PARA QUE EL INGRESO MÍNIMO VITAL NO DEJE ATRÁS A LAS PERSONAS MIGRANTES EN SITUACIÓN ADMINISTRATIVA IRREGULAR

Este documento es la propuesta de asociaciones, organizaciones, colectivos y personas migrantesy antirracistas autorganizadas en una red estatal bajo el nombre de #RegularizacionYa, que cuenta hoy con el respaldo de más de 1000 entidades sociales, políticas y culturales y que tiene por objetivo la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria. Nuestra postura es la de defender una sociedad que ponga la vida y los cuidados de todas las personas en el centro sin que la situación administrativa irregular suponga una exclusión. Por ello, solicitamos al Gobierno que materialice y haga realidad una frase que se ha convertido en uno de sus lemas durante esta crisis sanitaria, social, económica y de cuidados el “no dejar a nadie atrás”. Desde esta red compartimos esta consigna, queremos que sea una realidad y que cuando se mencione al conjunto de la sociedad, las personas en situación administrativa irregular estén incluidas. Solicitamos al Gobierno a que haga una política realmente social y que habilite para ello todas las medidas necesarias que apunten a esa dirección, siendo una de ellas el acceso al Ingreso Mínimo Vital de las personas migrantes en situación administrativa irregular. 

MIGRACIONES Y AGENDAS INTERNACIONALES: DE LO GLOBAL A LO NACIONAL

Pese a que las migraciones internacionales tienen peso decisivo en la agenda pública de numerosos países y actores internacionales, no siempre la relación entre ésta y el acceso a los derechos humanos de las personas migrantes está exenta de tensiones y complejidad. En este sentido, en las últimas décadas tanto en la UE como en España la migración ha ido ocupando un espacio cada vez más relevante, siendo abordada bajo un paradigma de regulación securitario y criminalizador. Este modo de gestionar las migraciones, hoy más que nunca presenta innumerables obstáculos para que puedan reconocerse y hacerse efectivos derechos humanos básicos de las personas migrantes que habitan al interior de sus fronteras.

En su informe de 2019 sobre Migración Internacional, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas (UNDESA), estimaba que en el mundo hay alrededor de 272 millones de personas migrantes, 51 millones más que en 2010[1]. Asimismo, informaba que en octubre de 2019, tres cuartas partes de todos los Estados miembros habían ratificado instrumentos diseñados para proteger a los refugiados o para combatir el tráfico de migrantes y la trata de personas, mientras que los instrumentos que protegen los derechos de los trabajadores migrantes habían sido ratificados en menos del 30% reflejando que la protección efectiva de los trabajadores migrantes no es una prioridad. En concreto, ningún país del Norte Global ha ratificado la Convención internacional de NNUU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990.

Estos datos no solo revelan el limitado alcance y la falta de competencia que puede tener actualmente el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares[2] para monitorear el cumplimiento de las obligaciones que dimanan de la Convención, sino que además dan cuenta de la reticencia de buena parte de los países europeos (muchos de ellos con altos índices de desarrollo) respecto a comprometerse con el respeto y la protección de los derechos de las personas migrantes. 

Como consecuencia de un paradigma securitario de las migraciones y la falta de compromiso de los Estados del Norte global, que por otro lado se benefician de la migración, algunos estándares mínimos en materia de derechos humanos económicos y sociales, son lisa y llanamente desconocidos cuando se trata de personas que están en situación administrativa irregular e inclusive aun cuando están en situación regular, este umbral de derechos está en permanente tensión ante la continua amenaza de perderlos. En este contexto, urge abrir el debate sobre el acceso a derechos sociales para todas las personas que están bajo el paraguas de la jurisdicción del estado donde residen, como garantía del principio de igualdad y no discriminación reconocido en instrumentos internacionales de derechos humanos, ya que, como lo han dicho en repetidas ocasiones estos organismos, el estatus migratorio de una persona no puede ser un criterio válido para negar o restringir sus derechos.

En septiembre de 2015, la Asamblea General de Naciones Unidas, aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible[3]. Dicha agenda consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y 169 metas que abarcan todos los aspectos de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. La misma tiene por objetivo una visión de futuro que pretende ser sumamente transformadora, al estar “basada en el respeto de los derechos humanos y en la que exista igualdad de oportunidades para que pueda realizarse plenamente el potencial humano y contribuir a una prosperidad compartida” (Agenda 2030 ODS, 2015:3 y 8). Para ello, la agenda reconoce que es necesario erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, sin lo cual no hay desarrollo sostenible posible. El preámbulo de la Agenda 2030hace referencia a cuestiones como el reconocimiento de la migración internacional como una realidad pluridimensional de gran pertinencia para el desarrollo de los países de origen, tránsito y destino que exige respuestas coherentes e integrales y la necesidad del pleno respeto de sus derechos humanos, con independencia de su estatus migratorio o, en términos generales se plantea que las personas migrantes quedan incluidas en la agenda, dado que el lema de la misma es “no dejar a nadie atrás”. Esto implica que no se considera que se haya conseguido un objetivo mientras no lo haya sido para todas las personas, incluidas las personas migrantes[4].

A pesar de no ser un documento de carácter vinculante, el Gobierno de España es uno de los países que ha adoptado los compromisos derivados de dicha agenda y, por lo tanto, se ha comprometido a adoptar un enfoque de desarrollo sostenible, lo cual implica abordar las desigualdades que se encuentran las personas migrantes al formular las prioridades de desarrollo y reconocer su contribución al mismo, eliminando toda forma de discriminación. En relación con el cumplimiento de tales objetivos, en 2018, el Consejo de Ministros aprobó el “Plan de Acción para la Implementación de la Agenda 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”[5]. En el mismo, reconoce que “los inmigrantes de origen no comunitario tienen un 53% de riesgo de exclusión social, fruto de las dificultades de integración, de las vulneraciones de derechos y de las deficientes redes sociales de apoyo tanto formales como informales”.                                                    

Por último, es necesario mencionar la conocida como doctrina del mínimo vital de la que se nutre reiterada jurisprudencia al respecto y que está reconocida en múltiples ordenamientos y convenios, por mencionar algunos, en la Declaración de Derechos Humanos (artículo 23.3) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (artículos 7 y 11), Convenios de los que el Estado Español es firmante y por tanto se compromete a su cumplimiento. Según la doctrina antes mencionada, contar con los recursos mínimos permite a las personas poder gozar del resto de sus derechos y libertades. Este piso mínimo es una medida básica para garantizar la dignidad de las personas y ofrecer condiciones mínimas de equidad para el desarrollo de su personalidad. El mínimo vital, es un concepto que no solo busca garantizar al individuo percibir ciertos recursos, sino permitirle desarrollar un proyecto de vida igual que al común de la sociedad, de allí que también sea una medida de justicia social, propia de un Estado Constitucional y es, por este motivo, que este derecho al mínimo vital se impone, en el marco de las obligaciones de actuación encomendadas a las Administraciones Públicas como un derecho exigible, imperativo e intrínseco al buen funcionamiento de cualquier Estado democrático que pretende ser protector de los derechos fundamentales.

1. ¿Por qué las personas migrantes en situación irregular deben ser beneficiarias de esta prestación?

El pasado mes de febrero (antes de la crisis sanitaria, económica, social y de cuidados en la que nos encontramos) el Relator especial sobre la pobreza extrema y los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Philip Alston, cuando visitó a los temporeros de Huelva y a las trabajadoras del hogar y los cuidados en Madrid, -dos de los tantos sectores ocupados mayoritariamente por personas migrantes en situación de precariedad y de explotación- pudo evidenciar las precarias condiciones laborales y desprotección a la que se enfrentan. El relator afirmó de los primeros, que sus condiciones eran “inhumanas”, de las peores que había visto por el mundo y de las segundas, que eran un sector empobrecido, exento de la adecuada protección legal.[6]

Se estima que son más de 600 mil personas las que se encuentran en situación irregular en nuestro país[7]. Estas personas contribuyen al sostenimiento del Estado de Bienestar en España, sin embargo, dicho protagonismo en la economía del país no se ha visto plasmado en la elaboración de las medidas sociales que se han llevado a cabo para garantizar que no se deje a nadie atrás.Esta situación de crisis nos plantea interpelar nociones que llevaban décadas asentadas en nuestro imaginario político: una de ellas es la de Estado de Bienestar. Este debe pensarse incompleto si no garantiza la protección de uno de los pilares que lo sostienen, las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, que no pueden acceder a él. En esta nueva etapa de reconstrucción económica, política y social se debe revisar el propio Estado de Bienestar con el fin último de introducir elementos que rompan con la invisibilización y desprotección de ciertos grupos de nuestra sociedad.

El 16 de abril el Gobierno informó que se pondrá en marcha a finales de mayo la prestación Ingreso Mínimo Vital, del que se calcula podrán beneficiarse hasta tres millones de personas en riesgo de exclusión social. Esta medida está siendo todavía elaborada y, según declaraciones de Nacho Álvarez, Secretario de Estado de Derechos Sociales, se está valorando la inclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular, dado que estas personas pertenecen a un grupo en riesgo de exclusión social.

Asimismo, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, manifestó, en su comparecencia en la comisión correspondiente a su ministerio el 15 de abril, que era necesario abrir un debate para conseguir que todas las personas migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular pasaran a regularizar su situación en aras de proteger los derechos de esta parte de nuestra población. Sin embargo, en relación con esta prestación, en una entrevista comentó que “no está contemplado” para personas en situación irregular.

La emergencia sanitaria nos ha mostrado estas semanas no solamente cuales son las tareas esenciales e imprescindibles para el desarrollo y preservación de la vida, sino también que sobre muchas de ellas recae la carga de sostenerla y en numerosas ocasiones estas tareas se desempeñan en condiciones de invisibilidad, precariedad y explotación. En tal sentido, reconocer la contribución esencial e imprescindible de las personas migrantes en situación irregular a la sociedad española, permite abrir el debate sobre su inclusión en el acceso a un ingreso mínimo y vital. La petición de la inserción de las personas en situación administrativa irregular dentro de aquellas posibles peticionarias del ingreso mínimo responde a la urgencia que están viviendo los distintos colectivos en la actualidad (no poder hacer frente al pago del alquiler, imposibilidad o dificultad de pagar comida, facturas, insumos básicos, etc.). Al mismo tiempo queremos subrayar que este planteamiento inicial se enmarca en un objetivo mayor que es el de la regularización permanente y sin condiciones de todas las personas migrantes y refugiadas ante la emergencia sanitaria.

Instamos al Gobierno a que incluya a las personas migrantes en situación administrativa irregular en el Ingreso Mínimo Vital, ya que, ellas también tienen derecho a una vida digna más allá de sobrevivir gracias a la auto-organización y el apoyo mutuo, y son las administraciones públicas quienes, siguiendo el principio del mínimo vital, tienen la obligación de velar y crear políticas públicas encaminadas a que así sea. No podemos pensar en un país que deje atrás a parte de quienes la habitan y contribuyen a su progreso, por eso nuestra apuesta es por poner la vida en el centro, la vida de todas las personas sin que la irregularidad suponga una barrera, entendiendo que sólo desde lo común podremos salir de esta crisis y eso se puede hacer efectivo siempre y cuando contemos con los mismos derechos y oportunidades.

La magnitud de la recesión abre el camino para pensar un nuevo modelo económico y productivo centrado en derechos, equidad y sostenibilidad. Estamos ante una oportunidad histórica para que entre todas asumamos el reto de llevar a cabo una reconstrucción social y económica a la altura de los valores humanos y coherente con la sostenibilidad, poniendo en el centro la preservación de la vida, la defensa de derechos y los bienes comunes, la solidaridad, la justicia social y distributiva como principios rectores para este nuevo acuerdo político de país.

Poner sobre la mesa este debate no puede ir separado de una interpelación al modelo de desarrollo y progreso de la sociedad española, basado en la idea de un crecimiento económico infinito y de un profundo cuestionamiento al modelo de distribución de la riqueza. Dicho modelo nos desvela quiénes son los beneficiarios de los mismos, como también quienes contribuyen a ello con su fuerza de trabajo. En este sentido, hoy más que nunca es prioritario y urgente reconocer la contribución al desarrollo de las sociedades de este colectivo invisibilizado y sin derechos, garantizando el acceso pleno a un ingreso mínimo y vital a las personas migrantes en situación administrativa irregular, en igualdad de condiciones para su reconocimiento y efectividad, que la población española o con residencia regular.

2. Aportes invisibilizados de la migración a la economía española: economía sumergida

Las narrativas que deshumanizan a las personas migrantes y las construyen desde estereotipos racistas y xenófobos también han estado presentes antes de esta crisis en un contexto de auge de discursos y prácticas racistas, la gran mayoría procedentes de partidos políticos de ultraderecha en España, pero no solo: el COVID- 19 está acentuando la aceptación por parte de la ciudadanía de medidas restrictivas de derechos en pro de la “protección” contra el virus, impactando fuertemente sobre la población migrante y racializada.

Esta población ha sido construida en el imaginario colectivo desde la otredad: se la ve, y a menudo se la presenta, como una amenaza, se les acusa de quitar los puestos de trabajo, mientras está demostrado que las personas migrantes contribuyen y aumentan la demanda de bienes y servicios (y por tanto los empleos vinculados), además de trabajar en sectores en los que el resto de la población no está dispuesta a hacerlo porque tiene acceso a mejores oportunidades, vetadas para este grupo. Así lo demuestra el informe de UGT, de diciembre de 2019, donde se detalla que los extranjeros aportan el 10% de los ingresos de la Seguridad Social y sólo perciben el 0,9% de las pensiones. En relación con los gastos de los hogares aquellos cuyo sustentador principal tiene nacionalidad extranjera aportaron un 8% al total del consumo del país en 2018. Si también se tiene en cuenta el lugar de nacimiento del sustentador principal y no su nacionalidad, pues puede haber adquirido la española, el 11,05% de los hogares estaban sustentados por una persona nacida en el extranjero, lo que supone el 9´2% del gasto total del 2018[8].

La gran contribución que realizan las personas migrantes a nuestra economía no se ve reflejada en las condiciones de vida en las que viven la gran mayoría. Las estadísticas demuestran que las desigualdades estructurales afectan de forma diferenciada a la población migrante y a la población española. Según la Encuesta de Vida que realizó el INE en el 2018, más de la mitad la población migrante de fuera de Europa estaba en riesgo de pobreza y el 70% tenían serias dificultades para llegar a fin de mes. Estos datos se refieren en su mayoría a la situación de las personas migrantes en situación administrativa regular, esto hace que nos preguntemos ¿cuáles serán entonces las precarias condiciones en las que estarán las personas migrantes en situación administrativa irregular ante la crisis económica y social actual?

Alrededor de 600 mil personas están en un limbo vital y administrativo al estar situadas en la irregularidad debido a una Ley de Extranjería que les obliga a pasar al menos durante 3 años en este estatus empujando a estas personas a la economía sumergida para poder sobrevivir en un sistema que las invisibiliza y no las tiene en cuenta en ninguna de las políticas sociales. Este es el caso de las trabajadoras de hogar y cuidados que llevan denunciando muchos años la precarización del sector y la falta de derechos[9]. Han denunciado cómo en el estado de alarma muchas han sido despedidas con riesgo a quedarse en la calle, ya que es el único sector que no tiene derecho al paro. La respuesta del Gobierno fue otorgar el subsidio temporal de desempleo para las trabajadoras de hogar aprobado el pasado 31 de marzo pero sólo a aquellas que se encontraban en el momento del despido cotizando a la Seguridad Social, es decir, las demás, las que se encuentran en situación irregular, ellas que también están encargadas de sostener los cuidados de las personas que más lo necesitan como son las personas adultas mayores que son las más vulnerables en este contexto de pandemia, no pueden acceder a esta prestación. Es por esto por lo que ellas al igual que muchos otros sectores como los vendedores ambulantes, los jornaleros, entre otros tantos, demandan ser incluidas en esta prestación del Ingreso Mínimo Vital. Ya quedaron fuera de distintas medidas, no pueden quedar también excluidas de esta. 

El pasado 21 de abril desde el Ministerio de Igualdad se anunció que, las personas víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contexto de prostitución, van a poder acceder a la prestación del Ingreso Mínimo Vital aun estando en situación administrativa irregular. Por eso, además de garantizar que esta medida se haga realidad, instamos al Gobierno a que su alcance se extienda a todas las personas en situación administrativa irregular. Esta crisis si bien ha afectado a toda la sociedad se ha intensificado en los colectivos más vulnerabilizados como son las personas en irregularidad que ya ocupaban trabajos precarios, de explotación y sin derechos y que en el contexto del COVID-19 han sido despedidas, sin poder acogerse a ninguna medida, sin respuestas, siendo encasilladas a un futuro incierto. Por ello, no se puede dejar atrás a las más de 600 mil personas y sus familias, el Ministerio de Migración es también el de Inclusión y tiene que responder ante ellas.

3. ¿De qué manera se puede hacer llegar el Ingreso Mínimo Vital?

El número de personas en situación irregular se estima entre 600-800 mil por algunas organizaciones, sin embargo, el mismo se desconoce de manera oficial debido al déficit por parte del estado español de producción o acceso a la información en determinados asuntos. Según la ampliación del Plan de Contingencia contra la Violencia de Género ante la crisis del COVID-19, aquellas personas víctimas de trata y explotación sexual y de casos de extrema vulnerabilidad en contextos de prostitución, podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital aunque se encuentren en situación administrativa irregular. Por el momento, la información que se conoce sobre cómo será el procedimiento por seguir en estos casos, es que el Ministerio habilitará a ONG especializadas para elaborar informes que detallen las situaciones de las mujeres, donde se enumere los requisitos necesarios que le permita acceder a esa prestación. Este informe será remitido a los servicios públicos o a ONG que también puedan encargarse de acreditar la situación de las mujeres ante las Administraciones que finalmente decidirán si se les concede o no la renta. Para ello, las ONG deberán tener al menos una experiencia de cuatro años o especialización en la materia, que incluya su presencia en contextos de prostitución con unidades móviles o locales, por ejemplo; presencia territorial amplia e infraestructura, y un teléfono de atención 24 horas. 

Siguiendo este procedimiento para hacer llegar el Ingreso Mínimo Vital en el caso de las víctimas de trata, explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución, consideramos que se podría utilizar la misma iniciativa en el caso de las demás personas en situación administrativa irregular siempre y cuando cuenten con garantías previas de seguridad y confidencialidad donde el acceso a sus datos por parte de las instituciones en ningún caso suponga exponerlas a posibles órdenes de expulsión o cualquier otro tipo de medida que no protejan y garanticen sus derechos. En este asunto, los informes necesarios para el estudio de la concesión de esta prestación serían realizados por ONG y fundaciones especializadas en migraciones que trabajen juntamente con asociaciones migrantes ya que son estas últimas las que mejor conocen las realidades que vive esta población.

En relación con los requisitos que entendemos que uno de ellos pueda ser el empadronamiento, hay que tener en cuenta que muchas de las personas migrantes en situación administrativa irregular no han podido acceder a él debido a que el dueño de la vivienda, o el casero (subarrendamiento) no les han proporcionado por ejemplo el contrato de alquiler o una autorización firmada para efectuar el empadronamiento. Hay casos concretos como las trabajadoras de hogar que trabajan de internas, y viven por tanto en los hogares de sus empleadores, que no pueden empadronarse por la negación de estos debido al temor a ser identificados, procesados y sufrir sanciones por tener empleada a una persona en situación irregular. O el caso también de los jornaleros que no encuentran un alquiler y se ven abocados a vivir en chabolas en asentamientos cercanos a zonas agrícolas en las que trabajan. Por ello solicitamos que el padrón no sea un requisito indispensable para recibir esta prestación. Esta medida de la no necesidad del padrón ha sido comunicada por el Ayuntamiento de Valencia el 21 de abril de este año para contribuir a la accesibilidad de la ciudadanía a los Servicios Sociales Generales de la Ciudad.

Otra posibilidad sería iniciar, además, un proceso de empadronamiento en el que todos los ayuntamientos de España pusieran las máximas facilidades para hacerlo, incluyendo medidas como el empadronamiento sin domicilio fijo. Y que dicho empadronamiento tuviera también carácter retroactivo, permitiendo acreditar el tiempo que llevan aquí personas que no pudieron empadronarse antes por los motivos arriba indicados. Aprovechamos este escrito para añadir como demanda a las administraciones públicas, la flexibilización de los requisitos para poder obtener el padrón siendo suficiente, en el caso de no poder presentar contrato de arrendamiento o no disponer de vivienda, la comprobación por parte de servicios sociales de que la persona solicitante vive en el domicilio que afirma.

Por otra parte, en lo que se refiere a empadronamiento, la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal[10], marca el deber de los Ayuntamientos de, una vez presentada la documentación identificativa (Ver punto 2.1 referido a la documentación acreditativa de la identidad) y comprobada los datos de ésta, se debe proceder a la inscripción en el Padrón, con independencia de la situación legal del extranjero en España, ya que no le corresponde al Ayuntamiento realizar ningún control sobre la legalidad o ilegalidad de la residencia en territorio español de ninguno de sus vecinos.

Asimismo, el punto 3 de la Resolución desarrolla la información referida a casos especiales de empadronamiento, entre los que se encuentran los empadronamientos en infraviviendas y personas sin domicilio (punto 3.3). Las estadísticas nos señalan que, las personas extranjeras representan un porcentaje muy elevado entre las personas sin hogar, en referencia al porcentaje que representan en la población total. En el último Censo de Población y Vivienda, la población extranjera representaba el 12,1% de la población total, mientras que, en las cifras de la Encuesta sobre personas sin hogar del 2012, representaban el 45,8%.  Por tanto, el empadronamiento en infravivienda y personas sin domicilio que señala el punto 3.3 de la Resolución, debería acreditarse únicamente con la simple comprobación por parte de servicios sociales de dicha situación y la facilitación de una dirección alternativa donde estas personas puedan recibir comunicaciones.

Podemos constatar que la flexibilización de requisitos para la obtención del Ingreso Mínimo Vital es posible ya que hay comunidades autónomas que nos sirven como ejemplo. Una de estas regiones es la de Canarias en la que no se exige un tiempo mínimo de empadronamiento y que en caso de no disponer de un número de cuenta, por el impedimento de las entidades bancarias a aperturas de cuentas corrientes a personas en situación irregular, se establece la posibilidad de hacer llegar el ingreso por medio de una tarjeta prepago.

Otro ejemplo sería el de las Islas Baleares donde el Govern ha ampliado de forma extraordinaria los beneficiarios de su Renta Social Garantizada a quienes residen de manera irregular en las islas. Al no poder desde la administración transferir de manera directa la renta en el caso de que la persona beneficiaria no disponga de cuenta corriente, el Gobierno regional ha otorgado subvenciones directas a seis entidades del tercer sector para que puedan abonar una cuantía económica igual a la renta social a las personas que no pueden tener una cuenta corriente.

Otro ejemplo que encontramos como positivo y como modelo de la política por parte de las administraciones que deben seguir en materia de extranjería es la tomada por parte del Ministerio de Interior al facilitar que, personas migrantes que quieran pedir el asilo para acceder a los recursos del sistema de acogida, puedan hacerlo a través de la firma de una “declaración responsable” en la que se refleje la intención de presentar la petición de asilo cuando se levante el estado de alarma. Serán las entidades de primera acogida: CEAR, Cruz Roja o ACCEM; las que se encarguen de gestionar este proceso. Al igual que, el Ministerio del Interior, ha puesto en marcha esta medida para garantizar el derecho a la protección internacional, creemos pertinente que, este ministerio, se ponga a disposición y apoye a los ministerios encargados del desarrollo del Ingreso Mínimo Vital, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, para la elaboración de los mecanismos institucionales pertinentes que permitan la inclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular en el Ingreso Mínimo Vital. 

En ningún caso, la inclusión de estas personas en riesgo de exclusión supondría un “efecto llamada”. Los datos demuestran que, en comunidades autónomas en las que el estado de bienestar es más generoso – el caso del País Vasco y Navarra-, las tasas de inmigración están por debajo de la media estatal. No hay datos existentes que avalen esta suposición defendida por partidos de la extrema derecha y sectores del Gobierno. Asimismo, tenemos ejemplo del ayuntamiento de A Coruña, cuya Renta Social Municipal, incluyó como posibles beneficiarios de la renta a personas migrantes en situación administrativa irregular, sin que esto afectara en el aumento de las llegadas de personas migrantes en situación administrativa irregular a la provincia. Las cifras se mantuvieron al mismo nivel de crecimiento que en el total de España. 

Por otro lado, teniendo en cuenta la situación irregular de las personas migrantes y la relación con el Estado que se daría debido a la prestación, consideramos que se tiene que examinar unas cuestiones fundamentales previas que las protejan y construir un espacio y proceso seguro para ellas que cuente con un principio de confidencialidad que permita que las personas migrantes no sientan el riesgo de ser identificadas y que esto suponga una barrera a la hora de iniciar el proceso de regularización como puede darse a través del arraigo social, o una posible identificación para abrir un expediente de expulsión. 

4. Conclusiones y síntesis de demandas

Como se ha precisado en este documento, la situación de las personas migrantes se ha visto aún más agravada en el contexto de COVID-19. En este sentido nuestra apuesta política es por un nuevo marco que debe situar el reconocimiento de las personas migrantes como sujetos de derecho para, de este modo, garantizar la protección de uno de los grupos más vulnerabilizados de nuestra sociedad: la población migrante en situación administrativa irregular. A continuación, enumeramos conclusiones y demandas detalladas en este informe:

1. Las personas migrantes, especialmente las personas migrantes en situación irregular son vulnerabilizadas por efecto de la Ley de Extranjería y otras barreras normativas que les impiden ejercer sus derechos en condiciones de equidad y las exponen a la pobreza y el abuso sistémico.

2. El contexto del COVID-19 ha puesto en relieve la gran aportación de las personas migrantes a la economía y al sostenimiento de la vida, que sin embargo se produce en condiciones de invisibilidad y explotación.

3. Se estima que son más de 600 mil personas las que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Estas personas contribuyen al sostenimiento del Estado de Bienestar en España, sin embargo, dicho protagonismo en la economía del país no se ha visto plasmado en la elaboración de las medidas sociales que se han llevado a cabo para garantizar que no se deje a nadie atrás. Esta situación de crisis nos plantea interpelar nociones que llevaban décadas asentadas en nuestro imaginario político: una de ellas es la de Estado de Bienestar. Este debe pensarse incompleto si no garantiza la protección de uno de los pilares que lo sostienen, las personas migrantes, muchas de ellas en situación irregular, que no pueden acceder a él. En esta nueva etapa de reconstrucción económica, política y social se debe revisar el propio Estado de Bienestar con el fin último de introducir elementos que rompan con la invisibilización y desprotección de ciertos grupos de nuestra sociedad.

4. El Gobierno debe cumplir con la doctrina del mínimo vital de la que se nutre reiterada jurisprudencia al respecto y que está reconocida en múltiples ordenamientos y convenios, por mencionar algunos, en la Declaración de Derechos Humanos (artículo 23.3) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (artículos 7 y 11), Convenios de los que el Estado Español es firmante y por tanto se compromete a su cumplimiento.

5. El Estado español no podrá cumplir con la Agenda 2030 si no toma medidas inmediatas y sostenidas para asegurar que las persones migrantes en situación irregular accedan a los beneficios sociales mínimos que garanticen que no se queden atrás. Una de estas medidas consiste en confirmar que el Ingresa Mínimo Vital las incluya.

6. Por ello, consideramos urgente pedimos la inclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular como destinatarias del Ingreso Mínimo Vital. Esta propuesta pretende garantizar unos recursos mínimos que les permita tener un colchón social mientras seguimos articulando los apoyos políticos y sociales para regularizar su situación de forma permanente y sin condiciones.

7. Ya hay ejemplos de inclusión de las personas migrantes en situación administrativa irregular como beneficiarias de Ingresos Mínimos que han tenido en cuenta además métodos de pago alternativos a las cuentas bancarias (Canarias y Baleares):

  • El Ministerio de Igualdad ha procedido a ampliar su “Plan de Contingencia contra la violencia de género ante la crisis del COVID- 19” para que, las mujeres migrantes en situación administrativa irregular, víctimas de trata o explotación sexual, puedan ser beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.
  • La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias incluyó en su renta canaria de emergencia a las personas migrantes en situación administrativa irregular.
  • El Govern de las Islas Baleares ha ampliado de forma extraordinaria los beneficiarios de su Renta Social Garantizada, con el fin de incluir a las personas en situación administrativa irregular que viven en las islas.

8. En relación con los requisitos que entendemos que uno de ellos pueda ser el empadronamiento, hay que tener en cuenta que muchas de las personas migrantes en situación administrativa irregular no han podido acceder a él por la propia situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Por ello, solicitamos que el padrón no sea un requisito indispensable para recibir esta prestación, o haya una flexibilización de los requisitos para obtener el padrón siendo suficiente, en el caso de no poder presentar contrato de arrendamiento o no disponer de vivienda, la comprobación por parte de servicios sociales de que la persona solicitante vive en el domicilio que afirma.

9. En el caso de que el empadronamiento sea un requisito indispensable, exigimos que se inicie un proceso de empadronamiento por parte todos los ayuntamientos de España, poniendo en marcha mecanismos que faciliten el proceso y se adecue a las diferentes realidades, una de ellas el empadronamiento sin domicilio fijo. Este proceso debe tener en cuenta la Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal.

10. Teniendo en cuenta la situación irregular de las personas migrantes y la relación con el Estado que se daría debido a la prestación, consideramos que se tiene que examinar unas cuestiones fundamentales previas que las protejan y construir un espacio y proceso seguro para ellas que cuente con un principio de confidencialidad que garantice que las personas migrantes no vean el riesgo de ser identificadas y que esto suponga una barrera a la hora de iniciar el proceso de regularización como puede darse a través del arraigo social, o una posible identificación para abrir un expediente de expulsión.

11. Es necesario fortalecer un diálogo con organizaciones de personas migrantes que trabajan por sus derechos, así como con organizaciones sociales que trabajan junto a ellas en aras de facilitar y proteger a las personas migrantes en situación administrativa irregular.


[1]International Migration 2019, disponible en:  https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2019_Highlights.pdf

[2] Más información ver: https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CMW/Pages/CMWIndex.aspx

[3] La Agenda 2030 disponible en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=S

[4] Aunque ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se centra en la migración, alguna de las metas sí lo hacen. La meta 8.8, centrada en “Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios”, o la meta 10.7, “Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de las personas”, que fundamentó las bases para el Pacto Mundial para la Migración (PMM) de 2018, de Naciones Unidas el primer acuerdo negociadointergubernamentalmente, preparado bajo los auspicios de las Naciones Unidas, para cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de manera holística e integral

[5] Disponible en: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/PLAN%20DE%20ACCION%20PARA%20LA%20IMPLEMENTACION%20DE%20LA%20AGENDA%202030.pd

[6] Véase la declaración del Relator sobre la conclusión de su visita oficial a España: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25524&LangID=S

[7] Esta estimación resulta de la diferencia existente entre estadísticas oficiales, como el Padrón Municipal y los datos sobre extranjeros con permiso de residencia arrojados por el Observatorio de la Inmigración. Esta cifra se incrementará probablemente en los próximos meses debido a la irregularidad sobrevenida de aquellas personas cuya situación administrativa dependa de la continuidad de un contrato y que ya han perdido el empleo, o lo pierdan o no puedan acceder al mismo, en el contexto previsto de recesión económica COVID/ post-COVID

[8]https://www.ugt.es/sites/default/files/noviembre_informe_presentacion_campana_bulos_definitivo.pdf

[9]Se calcula que un 40% trabaja en la economía sumergida, lo que se traduce en más de 200 mil personas, algunas por su situación irregular y otras por la negación de sus empleadores a contratarlas

[10]https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf

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