COMUNICADO CEUTA


¡Respeto a los Derechos Humanos en Ceuta!


Desde el Movimiento Estatal #RegularizacionYa manifestamos nuestra más enérgica repulsa e indignación por la actuación del Gobierno de España ante la situación humanitaria que se vive en la ciudad de Ceuta. El despliegue desproporcionado del Ejército para desempeñar supuestas funciones de seguridad ciudadana y/o de gestión del orden público es una decisión arbitraria y de cariz represivo injustificada. Hemos sido testigos forzosos de cómo la Guardia Civil y la Policía, bajo órdenes del Ministerio de Interior, “lanzaban con patadas, golpes e intimidación al mar, a miles de personas”. Las devoluciones colectivas enmascaradas de “rechazo en frontera” que se están llevando a cabo en Ceuta – 7.800 devoluciones (24/05) – no están permitidas por ley, se debe individualizar cualquier tipo de medida, dando especial atención a las personas más vulnerabilizadas: infancia, mujeres embarazadas y personas con afecciones de salud. Se trata de devoluciones ilegales en caliente, sin evaluar de manera individual las situaciones de vulnerabilidad posibles para entrar al territorio. Esta práctica vulnera pactos de protección internacional como el derecho al asilo y refugio y las propias leyes armonizadas a escala nacional respecto a este mandato.


Condenamos el uso de la fuerza empleado para la detención y supuesta identificación de personas, incluides menores sin referentes adultes y personas en situación de riesgo. Exigimos de manera URGENTE la implementación de protocolos que resguarden los derechos fundamentales y la protección de menores según los pactos y estándares internacionales previstos para esta población especialmente vulnerabilizada.


La realidad migratoria que vive la ciudad de Ceuta es el reflejo del fracaso que deja como penoso resultado la implantación de la militarización y la externalización de las fronteras europeas, un modelo basado en la necropolítica que impulsa mediante pactos la Europa Fortaleza para asegurar la acumulación de privilegios al interior de sus fronteras y la complicidad de países “aliados”, a través de prebendas y de cooperación ligada a sus intereses, bajo una lógica securitista y criminalizadora de la movilidad humana que menoscaba los Derechos Humanos en la frontera.
Es indignante asistir a la instrumentalización de las vidas de las personas migrantes, entre ellas mujeres y niñxs, como moneda de cambio en el conflicto político que mantienen el gobierno Español y el gobierno de Marruecos. Una disputa basada históricamente en el incumplimiento de pactos que además de favorecer el negocio de la guerra en las fronteras, vulnera el derecho a la soberanía y a la autodeterminación, además de los más elementales derechos humanos, al tiempo que ignora la normativa de protección internacional que ampara el derecho de asilo y refugio.


No es nuevo lo que hacen ambos países en relación a los derechos de las personas migrantes, lo vienen realizando con la explotación de las mujeres marroquíes contratadas en origen para ocupar puestos de servicios en condiciones infrahumanas como jornaleras o bajo condiciones muy precarizadas como trabajadoras de hogar.


La inacción del gobierno en materia de protección a los menores que migran solos nos lanza imágenes dolorosas de miles de niñxs y adolescentes, hacinados en naves industriales, durmiendo en el suelo, sin una comida caliente, muchos en situación de calle, sin ninguna garantía jurídica y administrativa, totalmente desamparados por el Estado español, vulnerando así el interés superior de la infancia.
Desde la implementación de la Ley Mordaza, el Estado español ha dado vía libre para abrir la valla y realizar deportaciones ilegales.


Se ha normalizado desde las políticas europeas que desembolse millones de euros al país vecino para realizar el trabajo sucio, para equipar a la policía marroquí y frenar así el proyecto migratorio de muchas personas o dejarles abandonadas a su suerte en el desierto, miles de vidas perdidas tales como las que dejan morir criminalmente en el mar.


El vaciamiento de recursos que ha sufrido Salvamento Marítimo desde que el PSOE está en el Gobierno, ha sido clave para naturalizar la deshumanización en las rutas mediterráneas y canarias y que miles de muertes evitables se hayan reducido a meras cifras. Las mismas cifras en las que han convertido a personas que intentaban llegar a la playa de Tarajal durante el gobierno del PP y que en lugar de ser asistidas bajo el derecho al debido socorro, fueron asesinadas con material antidisturbio como balas de goma.

Las personas migrantes de las que hablan medios y gobierno como “invasión”, son población civil, que reciben constantemente un trato de no personas y a las que les son negados sistemáticamente los visados en sus países por presión de los Estados europeos. Migran como último recurso por rutas inseguras debido a la política represiva en las fronteras y en un acto de desesperación se juegan la vida ante el peligro de saltar una valla o de cruzar el mar.


Tanto los medios de comunicación como los políticos fomentan narrativas y discursos dehumanizantes, llamando “aludes” o invasores a estos flujos migratorios. Qué falsa moral impulsa a no regularizar masivamente, confundiendo y amparándose en pactos sin efectos determinantes reales en materia migratoria, a las más de 600.000 personas migrantes que ya estamos en España al tiempo que se facilita y agiliza la deportación de 6.000 personas en un día.


Dejen ya de aplicar una política migratoria de control y deshumanización, dejen de deportar, dejen de manipular la información, dejen de ceder ante el discurso del odio de la derecha, dejen de instrumentalizarnos y de utilizar nuestros motivos para migrar como excusas que engordan sus pactos con gobiernos prestos para masacrar a su propia población.


La maniobra de Marruecos de volver a cerrar la frontera persigue un aumento por sus servicios de matones en las mismas. Pese a que los medios de comunicación muestran sus acciones como un chantaje, se trata en realidad de la continuidad de los negocios entre ambos países para tapar una crisis humanitaria y migratoria que lejos de saldarse con miles de deportaciones ilegales y millones de euros, permanece y requiere de una perspectiva de Derechos y no de incrementar el negocio de la guerra en la frontera sur.


“Que el dolor no nos sea indiferente”

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